Modelo de cuidado público y comunitario, comunidades energéticas o programas de soberanía alimentaria. En los últimos tiempos hay muchos que apuestan por otro modelo de política, por dejar de lado el modelo de arriba abajo y empezar desde el poder del pueblo. Sin embargo, aunque gran parte de la sociedad no lo sepa, hace siglos que en los rincones más pequeños de Euskal Herria utilizan este modelo “popular”, sin teorías, y con un foco de atención en la comunidad. Ahora tratan de hacer frente a sus resistencias tanto internas como externas.
Los concejos son las formas de gobierno y administración más antiguas que utilizan este modelo, y en Álava pervive esta organización. Queda en sus manos la utilización y aprovechamiento de los recursos naturales de este territorio, la gestión de los caminos, del agua, de los terrenos comunales o de la electricidad. Las decisiones sobre las mismas las toman las asambleas, donde todas las personas vecinas mayores de 18 años, pueden tener representación. Rebeka González de Alaiza vive en el concejo de Erroeta-Onraita (Álava), donde considera que este modelo de gobernanza está en "grave peligro" y que el reto que tienen en la actualidad es "sobrevivir", que este modelo perdure. Explica que en Erroeta participa en la asamblea una persona de cada casa y que en total suelen juntarse 9 personas en la asamblea concejil, a decidir sobre lo común.
En Álava hay 334 concejos — dos de ellos en proceso de desaparición, Guinea y Arriaga — y cada uno de ellos tiene una forma de hacer y de actuar. Mentxu Ramilo es politóloga y ha investigado sobre los concejos alaveses. Hace siete años realizó el trabajo de investigación titulado Participación política de las mujeres en los concejos alaveses, en el marco de las Becas de Emakunde. En sus palabras, los concejos son un «sistema de gobierno de democracia directa» que se sustenta en la asamblea.
Los concejos alaveses son entidades de ámbito territorial inferior al municipio que cuentan con una personalidad jurídica y capacidad de obrar propia, además de tener plena autonomía para gestionar sus intereses.
Lo que se decide en la asamblea vecinal, las personas electas (que componen la Junta Administrativa), lo llevan a la práctica, pero Ramilo y González de Alaiza consideran que cada vez está más desgastada la soberanía de los concejos. En Erroeta-Onraita, hace unos años una empresa quería realizar un proyecto eólico en los montes de la zona de Erroeta, pero para ello necesitaban la autorización del concejo. Conscientes de que el monte comunal era una Zona Especial de Conservación y teniendo en cuenta los beneficios que este recurso natural tenía para el pueblo, la Junta rechazó el proyecto y las personas electas de la Junta—presidente, vocal, fiel de fechos (secretario) — remitieron dicho acuerdo al municipio de Arraia-Maeztu. Este Ayuntamiento debería haber incluido esta negativa en algunas alegaciones, pero no lo hizo, por lo que la decisión del concejo de Erroeta-Onraita no se tuvo en cuenta, explica González de Alaiza. Sin embargo, con la movilización vecinal (Arabako Mendiak Aske), lograron paralizar el proyecto y, por el momento, así continúa.
"Están interviniendo enormemente en nuestra manera local de gobernarnos, lo cual es muy preocupante. Para mí, se está produciendo una involución autoritaria: nos mantienen los concejos por folklore, pero las decisiones que tomamos no son vinculantes", puntualiza González de Alaiza. Dice que lo que está ocurriendo con el agua en algunos concejos es prueba de ello: hasta ahora la comunidad ha decidido cómo gestionar el agua o cuando han tenido problemas con el sistema, la comunidad se ha encargado de solucionarlos.
Ahora, sin embargo, en algunas de estas localidades un consorcio de aguas se encargará de esta gestión, a quien la vecindad tendrá que pagar a cambio de un servicio que ella gestionaba. En Erroeta no ha ocurrido, pero González de Alaiza dice que esto es "la privatización de un recurso natural", que luego traerá problemas — sobre todo cuando se decide que el agua se necesita en otra parte, y el pueblo ya no puede decir lo contrario —.
Además, considera que esto excluye totalmente la "forma colectiva de trabajo" que ha existido en los concejos y erosiona la idea de soberanía: "Esta forma de ayuda mutua que ha estado presente en los concejos se está perdiendo y estos procesos privatizadores de recursos naturales profundizan en esa ruptura. Y, además, aumentan la tendencia a la individualización de estas personas que componen la comunidad y las personas más vulnerables de la comunidad se quedarán sin recurso. Si se privatiza el agua, ¿qué pasará cuando alguien no pueda pagar ese servicio? Cuando se trata de algo que se gestiona entre la vecindad, decidimos entre todas ayudar a esa persona o familia. Ahora, si no puedes pagar te quedas sin agua, porque esa gestión no va a depender de las vecinas y vecinos".
Ramilo comparte este planteamiento y añade que estos procesos hacen que la ciudadanía, "en vez de ser quien toma las decisiones, se convierte en clientela". Recuerda, además, que una característica importante de la política popular es pensar en lo colectivo, no tanto en lo propio, por lo que la "privatización de los terrenos públicos" va en contra de lo común. "Todo esto demuestra que la administración no quiere pueblos soberanos, sino que las decisiones políticas vengan de arriba", ha concluido González de Alaiza.
Las mujeres en los concejos
Ramilo explica que en la asamblea vecinal reside la soberanía de los concejos. Por ello, es importante que la presencia de todas las vecinas y vecinos esté garantizada: "Si en ella se asegura la diversidad, estarán representados los intereses diversos de la población". Añade que hubo un tiempo en el que sólo los hombres podían tomar parte del concejo y, posteriormente, poco a poco las mujeres pudieron comenzar a participar. González de Alaiza conoce de primera mano esta realidad y afirma que en la práctica la situación es diferente: "Aunque en las asambleas hay mujeres, las relaciones de poder siguen siendo un problema. Es decir, no es lo mismo ir a esas reuniones, que te escuchen en ellas lo que tú dices, y que eso repercuta en el pueblo".
Burocracia
Para Ramilo, "la Diputación Foral de Álava también tiene que cambiar, simplificando al máximo toda la burocracia que tienen que hacer los concejos". Considera que la Diputación ahorra mucho dinero con todo el trabajo que realizan los concejos, de forma mayoritariamente altruista y voluntaria, por lo que es esencial facilitarles el trabajo lo máximo posible.
Además, es muy importante la difusión sobre qué son y para qué sirven los concejos. Que quienes no viven en los concejos, tanto los de Álava como los de otros rincones de Euskal Herria, sepan qué son, cómo funcionan, y lo importantes que son. Para Ramilo, son instrumentos muy importantes de autogobierno desconocidas por la propia gente que trabaja en la administración. "Como pueblo, el reto es revitalizar los concejos. Los concejos tenemos que replantearnos la organización, pero las ciudades también tienen que repensar cómo se relacionan con los pueblos y con estos espacios naturales; porque vienen tiempos duros para el medio rural", ha indicado González de Alaiza.
Distribución administrativa de Álava
En la organización administrativa alavesa existen algunas figuras que no se encuentran en el resto de comarcas del País Vasco, lo que a menudo es motivo de dudas. Sin embargo, tres son los elementos principales de esta organización: las cuadrillas, los municipios y los concejos.
Álava cuenta con siete cuadrillas: la de la Llanada Alavesa, con capital en Salvatierra; la de Ayala, donde, a pesar de ser la capital Respaldiza, Llodio es el pueblo más grande; la de Añana, con capital en Ribabellosa; la de Rioja Alavesa, con capital en Laguardia; la de Vitoria, donde a pesar de ser la zona más pequeña residen las tres cuartas partes de la población alavesa; la de Mendialdea, con menor población, con capital en Santa Cruz de Campezo; y la de Gorbeialdea, con capital en Zuya.
En estas 7 cuadrillas hay 51 municipios, en total. Dentro de ellos se encuentran los concejos — 334 pero dos en proceso de extinción (Guinea y Arriaga) —, que se ubican en gran parte en zonas rurales. En la zona rural, reside una cuarta parte de la población alavesa.
